La iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos llegó al Congreso como parte del Paquete Económico 2027. Su objetivo declarado es ampliar el uso de medios electrónicos, permitir que los tres órdenes de gobierno los reciban y aprovechar infraestructura de pagos que ya existe. La ficha legislativa menciona transferencias, tarjetas y tecnologías como QR o NFC: no se trata de una “ley del QR”.
El punto decisivo está en los artículos 13 y 14 del proyecto. El artículo 13 facultaría a Hacienda para determinar sectores estratégicos y actividades relevantes donde los medios digitales y electrónicos podrían ser la única forma de pago. El artículo 14 dejaría a las autoridades sectoriales establecer condiciones operativas y una transición gradual. La iniciativa no enumera esos sectores. Por eso, decir que el efectivo ya fue prohibido en México exagera lo que hay; decir que el proyecto no toca la aceptación de efectivo omite una de sus disposiciones centrales.
La brecha no se cierra sólo con una regla
La discusión tiene una razón práctica. La ENIF 2024 muestra que en compras de hasta 500 pesos el efectivo seguía siendo el medio de pago frecuente para 85.2% de la población, frente a 90.1% en 2021. En ese mismo rango, las transferencias electrónicas y las aplicaciones móviles pasaron de 1.6% a 4.4%. Hay avance, pero el cambio cotidiano todavía es limitado.
La comparación internacional ayuda cuando se usa con cuidado. En Estados Unidos, la Reserva Federal reportó que cuatro de cada cinco personas habían usado efectivo durante los 30 días previos a su encuesta de 2025; en Canadá, su banco central halló que más de tres cuartas partes de las personas adultas guardaban efectivo y que la mayoría no planeaba dejar de usarlo. No son economías idénticas a México, pero sí muestran que una adopción alta de pagos digitales puede convivir con el efectivo.
En la zona euro, la encuesta de 2026 del Banco Central Europeo encontró que 92% de las empresas con venta presencial aceptaba efectivo, mientras que la aceptación de pagos móviles subió de 36% en 2024 a 68% en 2026. Brasil e India, por otra parte, publican cifras de uso de sus sistemas de pagos inmediatos, Pix y UPI. Esas experiencias muestran la escala que puede alcanzar una infraestructura digital; por sí solas, no prueban que restringir otros medios sea la causa del éxito ni que el mismo diseño sirva sin ajustes en México.
La pregunta útil no es sólo qué tecnología adoptar, sino qué está impidiendo que las alternativas actuales resulten fáciles, confiables y disponibles para más personas y comercios. Si ya existen SPEI y CoDi, ¿qué parte del problema está en la infraestructura, cuál en el costo o la experiencia de uso, y cuál en la cobertura? Una regla que obligue a cambiar de canal tendría que responder también qué sucede cuando falla la conexión, no hay electricidad, una cuenta se bloquea o alguien no tiene acceso bancario.
La certeza jurídica también es parte del diseño
El artículo 4 de la Ley Monetaria reconoce poder liberatorio ilimitado a los billetes del Banco de México. Esa disposición no resuelve por sí sola todas las circunstancias en las que un comercio está obligado a aceptar efectivo: son preguntas jurídicas distintas. Pero vuelve relevante explicar cómo conviviría el régimen monetario vigente con una facultad administrativa para fijar sectores en los que sólo se admitan pagos digitales.
También conviene separar trazabilidad e impuestos. La iniciativa puede ampliar los registros que deja una operación digital, pero el texto consultado no crea por sí mismo una contribución ni modifica la Ley del ISR, la Ley del IVA o el Código Fiscal de la Federación. La Cámara de Diputados señaló esa diferencia durante el análisis público del proyecto. Un registro electrónico y un nuevo impuesto no son lo mismo.
Hay una razón legítima para hacer más útiles y accesibles los pagos digitales: pueden facilitar operaciones, dejar comprobantes y ampliar el acceso a servicios. La discusión legislativa debe precisar qué actividades podrían quedar sujetas, con qué criterios, cómo se protegerían los datos y qué opciones tendrían las personas cuando la tecnología o la conectividad fallen. Para los comercios, importan además los costos, los plazos de adecuación y la claridad de las reglas.
El reto es construir adopción sin convertir la falta de una cuenta, un teléfono o una señal estable en una barrera para comprar, cobrar o hacer un trámite. Modernizar los pagos no obliga a plantear el debate como una elección entre efectivo y tecnología: exige que la infraestructura digital funcione y que las reglas expliquen con precisión cuándo, cómo y para quién se vuelve obligatoria.
Fuentes consultadas
- Sistema de Información Legislativa: expediente y estado del trámite.
- Texto de la iniciativa presentado ante la Cámara de Diputados (PDF).
- Canal del Congreso, 24 de septiembre: análisis de la Comisión de Hacienda con representantes empresariales.
- El Economista, 9 de septiembre: cobertura de la facultad propuesta para Hacienda.
- INEGI y CNBV: resultados principales de la ENIF 2024 (PDF).
- Reserva Federal de Estados Unidos: Diary of Consumer Payment Choice 2026.
- Banco de Canadá: encuesta de medios de pago de 2025, publicada en agosto de 2026.
- Banco Central Europeo: aceptación de efectivo por empresas de la zona euro en 2026.
- Banco Central de Brasil: estadísticas de Pix; NPCI de India: estadísticas de UPI.
- Cámara de Diputados: Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado el 30 de septiembre de 2026 · El proceso legislativo puede modificar el proyecto. Criterios editoriales.